San Francisco de Macorís, RD. – El dirigente de la ADP y miembro del comité ejecutivo nacional, el profesor Sixto Gabin expreso que las declaraciones del ministro de educación Ángel Hernández son temerarias y que atentan contra un derecho, que incluso las asambleas están contempladas en la propia ley de educación 66-97, porque son espacio donde el magisterio analiza la situación de la educación de un municipio.
Gabin dije que “parece que el ministro está buscando una excusa para incumplir los acuerdos, además el derecho a la organización, el derecho a la afiliación, el derecho a la libertad sindical, el derecho a las asamblea que la ADP ha hecho siempre combinando lucha y docencia, pero estas son asambleas informativas”.
“De manera que no hay convocatorias a paros, sino asambleas informativas, donde se tratan aspectos de formación, aspectos pedagógicos, aspectos técnicos, se informa y se orienta sobre ellos y la ADP no puede amarrarse y dejar de hacer sus actividades que contempla el código de trabajo, que contempla la constitución de la república, que contemplan los acuerdos internacionales y las normas internacionales en materia del derecho de los trabajadores de la educación a estar organizado y desarrollar nuestros eventos” expreso Gabin.
Recordamos que el ministro de Educación, Ángel Hernández, acusó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de violar los acuerdos entre ese gremio y las autoridades con la convocatoria de la seccional de San Francisco de Macorís a paralizar la docencia hoy y mañana, para realizar dos asambleas extraordinarias.
El funcionario manifestó que esa práctica se ha vuelto recurrente por parte del sindicato en diferentes puntos del país y pone en peligro el cumplimiento del calendario escolar, en el presente período de docencia.
Recordó que, en el pacto para la reforma educativa y el acuerdo firmado en el 2021 con el Ministerio de Educación, la ADP se comprometió a respetar los horarios de docencia.
Hernández dijo que la decisión de la ADP de convocar “asambleas” en los diferentes territorios del país no es más que una estrategia para no dar clases, afectando el interés social de mejorar la calidad de la educación pública en el país.
