Por: Fredery Burgos Sánchez
Los partidos de izquierda, las organizaciones sociales y populares, pero además el pueblo en sentido general deben rechazar enérgicamente las pretensiones que se discuten en la Cámara de Diputados de un anteproyecto ya convertido en la Ley 1-24, que busca obligar a las dependencias estatales, las instituciones privadas y personas, a entregar informaciones personales de los individuos al organismo de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Esta ley es violatoria a los derechos de las personas, además hay que pedir su abolición; porque este organismo no investiga, sino que persigue a todos aquellos hombres y mujeres que cuestionan las malas políticas gubernamentales que ejercen quienes nos han mal gobernado durante años.
Recordarles que este organismo fue creado luego de la revuelta de abril de 1965 con ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que es una institución al servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del gobierno federal de Estados Unidos encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional en todo el mundo.
Es importante señalar que el DNI ha sido una institución capaz de crear falsos expedientes a personas con el fin de justificar sus persecuciones, cárcel, su crimen, ejecuciones y desapariciones forzadas. Muchos de estos casos han sido creados en contra de revolucionarios y líderes sociales en diferentes puntos del país para amedrentar a quienes luchan por un Estado más justo y más equitativo.
Además, dicha ley viola la Constitución de la República, porque sopesa pena de hasta tres años de prisión, obliga a los ciudadanos y las ciudadanas a convertirse en informantes de esa agencia, al verse forzados a ofrecer toda la información que la DNI le requiera, violentando el derecho a la intimidad personal como lo establece nuestra Carta Magna en los artículos “ 38 – Dignidad Humana, Artículo 40 Derecho A La Libertad Y Seguridad Personal, Artículo 44 – Derecho A La Intimidad Y El Honor Personal”.
Claudia García, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología COMTEC enfatizó lo siguiente: “La facultad que le ha sido otorgada a la DNI de “garantizar” la seguridad de los sistemas de las prestadoras de servicios para la defensa de la seguridad nacional ante ataques cibernéticos, vulneraría los derechos de intimidad y privacidad de los usuarios».
La reciente aprobación y promulgación de la Ley 1-24 debe ser rechazada y condenada hoy más que nunca, porque el DNI es instrumento de vigilancia y espionaje, que no le brinda seguridad a los ciudadanos; sino más bien que pone en peligro la integridad física de hombres y mujeres que están comprometidos con las mejores causas de nuestro país.
